La intención es que Guatemala no agote el plazo legal de seis meses para publicar el reglamento una vez entre en vigor la ley el 17 de septiembre, si no antes, apuntó el funcionario durante el foro “El nuevo Decreto 15-2026 Ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo”, organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana.

_{Foto: Juan Carlos Bardales explicó las implicaciones de la ley.}

En medio de peticiones públicas de Estados Unidos, Guatemala aprobó esta ley para cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización intergubernamental que trabaja en el combate al lavado de dinero.

Si un país reprueba estas revisiones es colocado dentro de la la “lista gris”, mención de riesgo que puede derivar en bloqueos de créditos financieros.

Sin embargo, para Bardales, con la actualización legal aprobada el 2 de junio por el Congreso, Guatemala logra salvaguardarse de caer en la temida lista tras la próxima evaluación en febrero del 2027.

“No me queda duda de que ahora con la actualización del marco regulatorio que tenemos en donde se introducen estas nuevas adecuaciones que son del estándar, pues la calificación que vayamos a obtener como parte de esa evaluación vaya a ser muy buena para Guatemala”, dijo

Asociados de Amcham

La ley amplía la lista de sujetos obligados a realizar la debida diligencia para descartar lavado y financiamiento del terrorismo. Entre otros, incluye a joyeros, empresas de bienes raíces, plataformas de intercambio de divisas, notarios que constituyan empresas y contadores públicos.

Para los Asociados de Amcham esto implica aplicar procedimientos con sus clientes y también someterse a ellos a la hora de ser clientes de otra empresa.

Un oficial de cumplimiento es la persona designada por la empresa para implementar los controles de lavado de dinero y quien tiene la relación directa con el IVE.

“Amcham tiene alrededor de 500 empresas socias y la mayoría son multinacionales que probablemente ya cuentan con oficiales de cumplimiento. Sin embargo, esta es una nueva ley, un nuevo marco más moderno y nosotros como cámaras siempre hacemos capacitaciones para que nuestros socios estén actualizados”, dijo Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de Amcham Guatemala.

Si bien, la ley contempla multas y sanciones penales por comisión de delitos. Bardales ha dicho en sus participaciones que la intención es encausar a aquellos que están saltándose un paso, y no tanto sí castigarlos.

Las multas irán de entre 500 a 300,000 dólares. Por lo que la IVE trabaja en una clasificación de incumplimientos entre leves, moderados y graves.

“Les puedo decir que la mayor cantidad de incumplimiento que hemos observado, que vamos a ir categorizando, se están definiendo como leves”, dijo Bardales.

La designación de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo titular del Ministerio Público para el período 2026-2030 por parte del presidente Bernardo Arévalo es el cierre de una etapa de alta politización de la justicia en Guatemala.

De los seis nominados en la lista para fiscal, cinco no eran opción para el presidente por controversias en el pasado. De esta cuenta cabe preguntarse si realmente el presidente Arévalo fue quien eligió: al solo tener uno de seis candidatos como aceptable.

Foto: Gobierno de Guatemala.

Si bien aún hace falta ver que la normalidad se imponga y García Luna tome posesión el 17 de mayo, la promesa mínima del gobierno de Arévalo de garantizar un gobierno de transición se salvaguarda con la salida de su declarada adversaria Consuelo Porras del frente del Ministerio Público. Pero vale decir: el camino de esta transición es largo y aún promesa.

Arévalo no tuvo el poder real suficiente para destituir a Consuelo Porras, pese a que la ley lo facultaba. Una potestad que ahora genera incertidumbre sobre si el recién seleccionado fiscal general sobrevivirá en el gobierno siguiente (2028-2032).

El pulso entre Arévalo y Porras ha dejado inmóvil las intenciones de descriminalizar a los exiliados y a los perseguidos políticos. En este sentido ha habido retrocesos, al grado de que la presidencia de Arévalo fue incapaz de impedir la captura de personas de su gabinete, como es de todos conocidos.

El nuevo fiscal García Luna parece ser el punto medio donde tanto Arévalo como las personas ligadas al denominado Pacto de Corruptos han encontrado cierta aceptación sobre el futuro del MP.

Y Arévalo ha terminado por tomar la única carta que le quedaba, sobre García Luna recaen las esperanzas de que la justicia se ejerza en Guatemala. ¿Pero se puede ser justo quedando bien con todos?

Ahora García Luna tiene una tarea titánica por hacer. Encuentra una institución anquilosada, donde cientos de expedientes de abiertos deberán de ser revisados nuevamente, varios cargos removidos, se avecina una fila de destituciones. Hay un clamor popular para que las funciones del MP sean técnicas, no políticas.

El futuro titular apunta a mantener un perfil bajo, contrario al protagonismo de las últimas gestiones. En sus entrevistas públicas García Luna habló de la necesidad de que la institución actúe de manera autónoma y sin presiones políticas, al tiempo de que debe de modernizarse.

Sabe que los procesos son opacos actualmente y criticó el uso excesivo de reservas de actuaciones, en los que parte de la información del caso no es compartida a las partes

Se anhela un país donde llegar a titular de un Ministerio Público no sea en automático un trampolín para aspiraciones presidenciales.

En Guatemala la liturgia judicial aún ocupa las primeras planas del acontecer político; una mezcla de impunidad- represión que en los 8 años de Porras ha terminado por perdonar a quienes verdaderamente arrastran delitos y castigar con cárcel a los opositores y críticos de los que ostentan el poder judicial.

Veremos si el nuevo Fiscal consolida este re-encause necesario del país o si las fuerzas del Poder Judicial alteran estos esfuerzos apenas iniciales.