En medio de los problemas de abastecimiento en varias zonas de la ciudad, el sistema de producción de Empagua (plantas, pozos y agua en bloque) registró 53 millones 679 mil 544 metros cúbicos en los primeros seis meses de 2026.

Los datos conseguidos a través de una solicitud de información retratan una caída de 9% con relación a la producción de agua del año pasado y también su nivel más bajo de un primer semestre en los años recientes.

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El 22 de mayo Empagua acusó que las condiciones climáticas generan efectos en las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad de Guatemala. En ese momento la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala enfatizó condiciones de pocas lluvias y altas temperaturas.

Hoy contamos con una canícula extendida. Pronósticos oficiales han dicho que este año ha sido más larga e intensa que el promedio de los últimos años y en algunos lugares del país podría extenderse hasta finales de agosto.

En la Ciudad de Guatemala las plantas se alimentan del agua de los ríos que, principalmente, suministran el 40% del agua distribuida en la ciudad, mientras que el 60% restante se nutre de fuentes subterráneas (retratadas en las variables Ojo de Agua y Sistema de Pozos de la Ciudad del gráfico).

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En el primer semestre del año hubo bajas de producción en todas las plantas de la Ciudad de Guatemala con respecto al año pasado.

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El 18 de septiembre del 2022, 8 mil 503 residentes del municipio de Jutiapa votaron en contra de la extracción minera de Cerro Blanco en defensa de los recursos hídricos de una zona conocida por la cuenca Ostúa-Güija-Lempa. Se trata del 87% de los votantes.

Pese a los resultados en las urnas, la máxima corte del país ratificó en septiembre del 2023 que la consulta no fue vinculante para detener la minería en el municipio.

Esta decisión de la Corte de Constitucionalidad no quita que las consultas aún sean un instrumento que aglutina a la organización social local y que además se amparan en el derecho de las consultas municipales.

“Para la gente de Asunción Mita la consulta era la única vía para frenar a la minería”, apunta en un evento organizado por MadreSelva el investigador estadounidense Nathan Edenhofer, autor del estudio “Consulta de Vecinos de Asunción Mita: Autonomía local ante la amenaza de la minería metálica en Guatemala”.

El trabajo encontró que durante y después de la consulta de Asunción Mita hubo compra de voluntades, estrategias de difamación, sabotajes e intimidaciones que buscaron vaciar de impacto el resultado de la consulta.

“Había un gran esfuerzo por parte de la clase empresarial, del estado central y también de la empresa minera para socavar esta expresión de democracia local y autonomía local. Y eso pasó a través de algunos mecanismos, había mucha colusión entre el gobierno y la empresa, había muchos ataques contra la consulta, por ejemplo, intimidaciones, criminalización, difamación y un proceso de recursos legales contra la consulta”, detalló Edenhofer.

Para el especialista hay una estrategia del Estado de Guatemala para limitar el poder de los municipios de vetar los proyectos, una votación basada en el Código Municipal que se considera vinculante a nivel local.

A las estrategias ilegales se suman acciones que por la vía legal emprendidas por las empresas y el Estado.

La empresa Elevar Resources presentó un amparo de inconstitucionalidad el 31 de agosto del 2022 que tuvo oídos en la Corte, pues el 22 de septiembre derivó en una suspensión de la Corte de Constitucionalidad a favor de la empresa y un año después en la declaración de inconstitucionalidad de la consulta.

El proyecto Cerro Blanco se ha convertido en Era Dorada de la empresa Aura Minerals. Cuenta con una licencia ambiental suspendida para cielo abierto, pero una licencia subterranea activa de parte del Ministerio de Energía y Minas.

“Es importante que la empresa respete esta consulta. Aunque la corte diga que no es vinculante hay cuestiones como por ejemplo que la decisión de la corte solo era retroactiva hasta el 26 de septiembre y la consulta se realizó el 18 de septiembre (del 2022)”, dijo .

El investigador apuntó que el hallazgo más grande del estudio es que las empresas y el Estado han intentado despojar a la consulta de su contenido democrático que expresa las voces de las personas locales, en un intento por apartar a la resistencia dentro del municipio.

El estudio se puede consultar en el siguiente enlace.

La lucha llamó la atención de la investigadora Liza Grandia de la Universidad de California, Davis, pues movimientos gemelos en México desconocían de lo que pasaba en el vecino país.

Así nació el libro “Semillas de Resistencia: Maíz, Soberanía y Poder Colectivo” que la investigadora presentó en un acto junto con líderes de la Red Nacional Por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) el 9 de julio.

En una breve entrevista comenta sobre la situación de Guatemala comparada con México, el acecho del maíz transgénico y lo que está en juego sobre este tema.

— ¿Qué es lo principal que quisieras destacar de este libro?

— Pues empecé a escribir, a dar a conocer al mundo una historia de David y Goliat y de cómo los pueblos de Guatemala enfrentaron una de las corporaciones más poderosas en el mundo y ganaron.

En ese entonces no se sabía esa historia en Estados Unidos. Así empecé, pero durante 10 años escribiendo el libro y viendo los cambios en México, realmente me di cuenta y hablando con los compañeros de que no se conocían los movimientos en el otro país.

Los mexicanos sobre lo que pasó aquí en Guatemala y aquí tampoco (sobre México). Entonces ahí decidí ampliar el libro para contar las dos historias integradas con la intención de polinizar los movimientos de soberanía alimentaria, no sólo en espacios académicos, sino directamente en los movimientos.

Entonces, eso hemos logrado con la presentación del libro en México, invité compañeros de Guatemala y en base de eso pues tenemos un estudio binacional ya en marcha.

— Quisiera saber tu perspectiva de la soberanía nacional. En Guatemala con relación a otras experiencias que tú has visto en México, digamos, ¿qué tan vulnerables estamos a la siembra de maíz transgénico?

— Sí, pues en México desde el 2001 por casualidad, científicos de la Universidad de California en Berkeley descubrieron genes en la Sierra de Juárez de Oaxaca, o sea lejos de un centro de comercio, a pesar de que había una moratoria en la siembra de maíz transgénico.

Con base en eso empezaron dos décadas de estudios. Encontraron que no es posible la coexistencia de semillas transgénicas en un país de diversidad. Porque al principio el gobierno mexicano al igual que como están haciendo en Guatemala ahora, decía que podían tener zonas libres transgénicas, sembrarlo en el sur y dejarlo de sembrar en el norte, pero los científicos mexicanos mostraron que eso es imposible, porque las semillas se mueven.

— ¿A qué conclusiones legales llegó esto?

Llegaron a la conclusión de prohibir de una vez la siembra de maíz transgénico por medio de una reforma al artículo 4 y 27 de la Constitución de México el año pasado en febrero. Ahora en Guatemala no hay ningún estudio sobre la presencia de transgénicos o no en el país.

(*Vale decir que pruebas de Redsag detectaron en 2025 este tipo de maíz en Sayaxché, Petén y en Camotán, Chiquimula).

Hace años la ONG Save lideró un estudio, creo que fue el 2001. Los datos están en el libro. Encontraron transgénicos en lo que era comida destinada para niños y mujeres embarazadas, incluyendo genes de Starlink, que es un maíz transgénico BT*. Prohibido aún en Estados Unidos, fabricado en aquel tiempo por Aventis. El hecho es que no sabemos si esos genes todavía están rebotando en el campo y muchos más nuevos tipos de transgénicos.

* BT, Bacillus thuringiensis, es el nombre de una bacteria que produce proteínas capaces de actuar como un insecticida específico contra las larvas de ciertas plagas.

— ¿Los genes se esparcen a través de las fronteras?

En Honduras se legalizó el maíz transgénico bajo presión de la embajada gringa en el 2012.

Entonces, se supone por lo que se habla de presencia de siembra de Pantek (como se dice en el campo al maíz hondureño asociado con dicho herbicida).

Un estudio de Insight Crime recién salió que leí que hasta 800 cabezas de ganado cruzan de manera ilícita la frontera entre Petén y Tabasco. Se cruza así tanto ganado así visible.

Seguramente sacos de maíz están cruzando también esa frontera proveniente de Honduras… Entonces, los camiones de ganado llevan los ganado para engorde al Petén y de regreso van comprando el maíz, pero también adelantan semillas y fertilizante a veces a los agricultores pobres a cambio de una parte de la cosecha a medias.

— Esto no es solo una lucha por preservar las especies nativas, sino que tú bien detalles en tu libro los riesgos a la salud y a la biodiversidad en general.

Sí. Tal vez debemos diferenciar dos tipos de transgénicos que sistema. Hay un maíz BT que incorpora que toda la planta, incluyendo la mazorca de maíz, tiene una pequeña toxina que repela a una plaga.

Pero la acumulación de esa toxina día y día nunca se ha estudiado en Estados Unidos para su efecto en los seres humanos. Y en México, en Guatemala, donde se comen 10 veces la cantidad de maíz que en Estados Unidos pues tiene un efecto.

Entonces, ahora hay muchos estudios en México de en ratas de duración de 2 años para ver el efecto de ese tipo de maíz transgénico.

— Muchos de los herbicidas que se utilizan para estos maíces transgénicos son cancerígenos, ¿qué marcas mueven estos productos?

— Ahora, lo más común es el tipo de maíz transgénico hecho por Bayer Monsanto y ahora por Dow DuPont, que tiene ocho herbicidas ligados con su maíz.

En el caso de Bayer Monsanto es el glifosato o el Roundup como se dice en mi país y en el caso de Dow DuPond es obligado comprar y es resistente al Hedonal, o sea el herbicida 2,4D.

El 2,4D era la mitad del famoso agente naranja. Entonces, desde el 2016 la Organización Mundial de Salud declaró al Hedonal como cancerígeno y en el año previo declaró el glifosato como cancerígeno.

Entonces, el riesgo del maíz transgénico resistente a herbicidas es, pues obviamente, al agricultor que se le ha obligado a fumigar eso, pero también hay residuos de glifosato en la comida.

— ¿Hay estudios de esta contaminación en la comida?

— Eso lo probaron los mexicanos en un estudio que salió en el 2017 en la Ciudad de México en que encontraron de que el maíz, el 91% del de las tortillas de la Ciudad de México, porque son hechas de Maseca contenían transgenes y una cuarta parte de ellos tenían ya en niveles medibles preocupantes de glifosato. Entonces, seguramente aquí en Guatemala igual está pareciendo.

Con ocasión de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026 se realizó la charla “La Inteligencia Artificial en el trabajo editorial y la traducción literaria”, en la que Cabrera advirtió cómo la decisión unilateral de algunas casas editoriales ha convertido los contratos que antes se ofrecían de traducción a unos de post-edición, tras una traducción hecha por la IA.

Esta reducción del mercado afecta a los autores de la traducción y en esta entrevista Cabrera comenta sobre el fenómeno y las respuestas que se cuecen en el gremio de traductores de México frente a la amenaza de la precarización de la profesión.

— En el caso mexicano, ¿qué blindaje legal tienen o por qué vías legales se están tratando de proteger frente a este paso desproporcionado de la IA?

— Mira, en realidad es difícil protegerse como tal porque es una cosa que está cambiando también muy rápidamente.

Pero lo que comenté es que se puede añadir una cláusula a los contratos de traducción en los que se especifique, no una, sino varias cláusulas sobre cómo se está usando la inteligencia artificial.

Este contrato lo elaboró la licenciada María Fernanda Mendoza, que está especializada en derechos de autor, y son cinco cláusulas. (*Se adjuntan las cláusulas al final de la entrevista. Estas fueron hechas en colaboración con la Asociación Mexicana de Traductores Literarios -Ametli- y la Alianza Iberoamericana para Promoción de la Traducción Literaria -Alitral-).

— La idea es evitar las decisiones unilaterales sobre la IA…

— Exactamente. O sea, se tiene que hacer de manera transparente y clara y no unilateral, efectivamente.

— Mencionaba usted de que en el mejor de los casos, digamos, en términos del mercado, se pagan 15 dólares por 1,800 caracteres y que ahora se ha reducido a una tercera parte. ¿Eso ya está muy generalizado?

— En México creo que todavía no está tan generalizado, afortunadamente, aunque sí sé ya de un par de colegas que a las que ya les han preguntado si hacen la post-edición.

Hasta donde sé, la mayoría de los colegas se niegan a hacerlo porque pues va en contra de sus propios intereses, pero lamentablemente me parece que es una práctica ya muy usual, por ejemplo, sobre todo en la traducción audiovisual. En los subtítulos, en el doblaje, en este tipo de cosas, en Netflix.

Netflix ya está haciendo muchísima traducción de subtítulos con inteligencia artificial y eso se nota a la hora que ve uno las series porque a veces ya ni siquiera la pasan por un corrector humano.

— A nivel de organización, digamos, como gremio, ¿qué tan cohesionados están los traductores justamente para hacer un frente unido?

— Desgraciadamente, todavía somos muy pocos. En la asociación en la AMETLI (Asociación Mexicana de Traductores Literarios) hay alrededor de 150 miembros. Ojalá que fuéramos el doble, el triple porque entre más seamos, más fuertes somos para poder defendernos como gremio. Creo que todavía falta hacer mucha conciencia entre los propios traductores.

— ¿Qué esfuerzos impulsan ahí?

— Se está tratando de armar una cartera, una sección de traducción audiovisual dentro de AMETLI para que estén representados explícitamente también como tales y poder defendernos también desde la asociación. Cada vez es más importante.

En AMETLI tenemos la asesoría de un bufete jurídico que ayuda en las cuestiones específicas de derechos de autor. Y bueno, (respecto a la IA) también sería cuestión de ver qué tanto. Cuando fui presidenta de la asociación no me tocó porque todavía no estaba tan generalizada la inteligencia artificial. No sé qué tantas consultas están habiendo para defenderse del uso de la inteligencia artificial en este bufete que trabaja con nosotros.

Eso ya me rebasa un poco porque ya no estoy dentro del organigrama institucional, pero seguramente cada vez van a ser más la ese tipo de consultas y pues habrá que trabajar cada vez más sobre ese tema.

— Muchas personas no saben de que un traductor es un autor de obra derivada. Eso es muy interesante. Nos podría contar brevemente justamente en qué consiste ese trabajo de traducción que en algún punto ha sido salvaguardado de justamente las traducciones de IA.Que ya decía que no quedan tan bien, como otras traducciones, asumo, más sencillas.

— Sí. Pues los traductores somos autores según la Ley Federal del Derecho de Autor (de México) porque no hacemos transcripciones, no copiamos. Lo que se genera a través de una traducción es un original nuevo. Esa traducción no existía antes, es nueva. En ese sentido está protegida por las leyes federales, por la Ley Federal de Derecho de Autor igual que el escritor que escribió la obra primero.

Como tal, las traducciones que son hechas por inteligencias artificiales no generan derechos de autor porque la inteligencia artificial no es una persona jurídica. Entonces no tiene protección de la Ley y eso también genera problemas nuevos.

Y yo creo que es una es una cosa tan nueva que todavía no existe realmente una regulación o una legislación que nos pueda proteger como autores más allá de las cláusulas que mencioné al principio de la entrevista.

En la medida en que las traducciones las haga una inteligencia artificial, también nos vamos a quedar sin trabajo los traductores y ya no vamos a ser autores de obra derivada, vamos a ser correctores de estilo de un trabajo mal hecho.

— Y por último, usted considera que es un tema que las propias grandes empresas se tienen que autorregular o más bien tiene que haber una cohesión legal a partir de los gremios de diferentes creadores.

— Y de las legislaciones también nacionales. En las legislaturas porque las empresas que están que están generando o fabricando estas inteligencias artificiales, por supuesto, que lo hacen por un afán de ganancia económica. No es por el beneficio de la humanidad. Es para enriquecerse y se están pasando por el arco del triunfo todos los derechos de autor, las legislaciones. Están robándose descaradamente trabajos que ya existen.

Y las empresas no se van a autoregular. Eso es clarísimo. La regulación tiene que venir desde afuera, desde las los gremios, las legislaciones y hay que hacer presión, hay que hacer lobby porque va a ser la única manera de que acepten estas empresas regularse.

*Anexo de Cláusulas de contrato hecho por la licenciada María Fernanda Mendoza, abogada especialista en derechos de autor, en colaboración con la Asociación Mexicana de Traductores Literarios (Ametli) y la Alianza Iberoamericana para Promoción de la Traducción Literaria (alitral).

La Red Nacional por la Defensa de la Soberanìa Alimentaria en Guatemala (Redsag) interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra del Acuerdo Gubernativo 53-2026 del Ministerio de Agricultura que abrevia trámites para la siembra de maíz transgénico.

Ya en el 2019 la Redsag se había amparado en la Corte para frenar una serie de permisos aduaneros que avalaron la importación de maíz transgénico desde Honduras a través del Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para Uso Agropecuario.

Sin embargo, pese a los argumentos presentados, los magistrados de la Corte dieron luz verde al acuerdo aduanero y se hizo oficial un trámite para quienes desean sembrar maíz transgénico llamado: Solicitud de Autorización para la Liberación al Ambiente de Organismos Vivos Modificados (OVM).

Dada su rigurosidad, nadie cuenta con esos permisos, de acuerdo con el monitoreo de Redsag.

Durante la presentación del libro que da cuenta de los efectos a la salud y a los ecosistemas del medioambiente del maíz transgénico de la investigadora Liza Grandia, Semillas de Resistencia, el miembro de Redsag David Paredes detalló las estrategias legales que emprende la Red para impedir la introducción de este maíz genéticamente modificado a Guatemala.

— Comentaba que nadie ha cumplido hasta ahora con los requerimientos de trámite de maíz transgénico derivados del reglamento aduanero según el monitoreo que realizan.

— Nadie ha cumplido, exacto. Entonces, nosotros creemos que también es por lo largo y tedioso. Y nos sorprende entonces que ahora en 2026 sacaron el acuerdo 53/2026 que busca agilizar procesos administrativos.

* Pérez apunta que la red no está en contra de la agilización de trámites, sino de la inclusión dentro de ese listado al tema del maíz transgénico.

— ¿Qué plazo tiene la CC para responderles?

— No, eso es lo triste que no hay ningún plazo. La Corte de Constitucionalidad ahí es libre. Lo pueden hacer cuando ellos quieran. Entonces, lo que hemos estado buscando nosotros sí es un acercamiento con los magistrados para decirles que ahí está el acuerdo que si lo pueden empezar a conocer.

Entonces hemos logrado algún acercamiento ahí y lo que nos han ofrecido es empezar ya a leerlo. Lo desconocían muchos, no sé por qué son tan lentos esos procesos, pero no lo habían ni conocido.

— Y en otro frente, ustedes también están muy atentos de la Comisión de Agricultura por una suerte de resucitamiento de la ley El Monsanto…

— Ese es otro. Por eso nosotros mencionamos que hay una ofensiva ahorita, ¿verdad? Porque no es solo este reglamento ni el acuerdo, es la ley Monsanto nuevamente. Desde el 6 de septiembre del 2023 un grupo de diputados ingresó nuevamente la ley de protección de obtenciones vegetales, como se llama la ley Monsanto y le dieron lectura y le asignaron entonces su comisión para que la dictaminara, que es el proceso legislativo.

Nosotros llevábamos 2 años esperando que agendaran nuestra propuesta de ley. Y al fin la habían agendado, pero fue porque hubo una estrategia muy grande de la diputada Sonia Gutiérrez y eso nos ayudó. Si no, no la pasan. Pero llevábamos esos 2 años esperando solo que la agendaran.

Esta nueva ley Monsanto la presentaron el mismo día 6 de septiembre y el mismo día la leyeron, la agendaron y la leyeron.

Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cuál es el interés de los diputados, ¿verdad? Esta ley, la mandaron a la Comisión de Agricultura para que la dictamine y ahí se quedó desde ese 2023, pero ahí está.

— En términos prácticos. ¿Cuál es la situación ahorita del maíz? Digamos, se importa de Honduras pero también viene de Estados Unidos.

— Sí, fíjate que nosotros tuvimos la suerte de hacer ahora ya pruebas científicas. Levantamos 200 muestras en todo el país para determinar si había presencia de maíz transgénico y dos nos dieron positivas.

Una está en Camotán, Chiquimula y una en Sayaxché, Petén. Eso nos da la pauta de que entonces ya hay maíz transgénico. Ilegal, porque el Ministerio de Agricultura no tiene conocimiento de eso.

Es ilegal y sin información, eso nos preocupa porque liberar el maíz transgénico de esa forma va a afectar sí o sí nuestras semillas nativas, si no es que ya las afectó, ¿verdad?

— Digamos que aunque no está expresamente prohibido, ninguno ha cumplido este procedimiento.

— Ninguno. Es ilegal.

El documento “Adenda al Convenio interinstitucional para el uso del Área de derecho de vía del Estado de Guatemala para la implementación de un Sistema de Transporte Público por cable Aéreo tipo denominado AeroMetro, en los municipios de Guatemala y Mixco”, fue firmado el 2 de junio y delimita las responsabilidades del Ministerio (CIV) en el proyecto del AeroMetro.

Firmada por el director de la Dirección General de Caminos, Ovidio Álvarez; el alcalde de la Municipalidad de Guatemala, Ricardo Quiñonez; y el Alcalde de Mixco, Neto Bran, la adenda es una forma del CIV de blindarse jurídicamente y evitar riesgos políticos y financieros del gobierno de Arévalo.

Así el diseño, ejecución, operación y administración del AeroMetro recaen en las municipalidades y el CIV no se hará responsable de los daños que se puedan causar a infraestructura, bienes y personas, de acuerdo con la adenda obtenida vía una solicitud de información pública.

El Ministerio de Comunicaciones se concentrará en revisar el derecho de vía, la seguridad vial y la transitabilidad en las rutas en la ciudad, particularmente, la CA-1 Oriente, CA-1 Occidente y la contemplada CA-9 Sur.

¿Con qué estudios deben cumplir las municipalidades?

Las municipalidades entregarán a la DGC los estudios de diseño geométrico, topográfico, predial, impacto, seguridad vial (y para las estaciones además de las estructuras de las estaciones, de pavimentos, estudios de geotecnia, geología, estructuras, hidrología y memorias descriptivas).

La DGC podrá hacer observaciones. De ser el caso, las municipalidades tendrán tres oportunidades para corregir.

_{Foto: Aerometro Guatemala}

¿La decisión del CIV puede detener la obra?

El Ministerio se pronunciará favorable o desfavorable sobre dichos ajustes.

Pero solo en lo que respecta a los aspectos mencionados de ingeniería, transitabilidad y seguridad vial, no al AeroMetro en su conjunto.

Un pronunciamiento desfavorable, según la adenda, no quita la posibilidad a que se presenten nuevas soluciones técnicas, por lo que no cancela automáticamente el proyecto.

Por último, esta adenda establece una póliza mínima de Q200,000, un fondo que las municipalidades deben contratar a favor del Ministerio para asegurar la reparación de la infraestructura vial estatal en caso de daños.

En las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) presentaron un recurso de revocatoria a la resolución de la actualización del Plan Maestro de la ANP, publicado en el Diario de Centroamérica el 24 de junio con el número 124-2026.

Los comunitarios han manifestado su sorpresa de enterarse de estas directrices por medio de la prensa.

La resolución reconoce los impactos de la actividad petrolera, más lejos de prohibirlos reitera el papel del Conap para cuantificar sus impactos y retoma recomendaciones de un informe previo para detallar las medidas que las petroleras deben tomar una vez han cesado su producción.

^{Foto: Juan Luis García.}

“Para estas comunidades implica el aumento de la persecución y del hostigamiento, toda vez que lo que busca esta actualización es un fortalecimiento institucional y financiero del Conap y del Estado en su conjunto“, dijo el abogado Rubén Domingo Manuel, quien acompaña a las comunidades.

Los comunitarios argumentaron que no fueron tomados en cuenta en la actualización de este plan, pese a ser ellos quienes cargan con la defensa y cuidado ambiental de este territorio desde hace más de 50 años.

Para Cirilo Tapería, miembro de la comunidad, esta actualización conlleva mayores controles y presencia de las fuerzas públicas del Estado en sus territorios que limitan sus formas de vida.

“No es posible que criminalicen a las comunidades, pero les den licencia a las empresas que están en esas áreas”, lamentó.

Los comunitarios alegan la falta de voluntad política del gobierno de Bernardo Arévalo de sentarse a dialogar ni de revisar propuestas técnicas, pese al discurso conciliador del presidente.

“En su política ha dicho que es de buscar la paz, la democracia, pero ha quedado solo en palabras”

La conflictividad en la zona es elevada desde los desalojos hechos por el gobierno hace nueve años en la línea fronteriza con México. Los representantes de las comunidades lamentaron en un comunicado que no se haya podido garantizar el retorno de la población.

“Yo sí tengo rector”, gritan a los cuatro vientos.

Creo que en estas manifestaciones públicas hay varios elementos que valen la pena reflexionar. El problema no es manifestar, que es un derecho constitucional, sino que en el espectro político estas demostraciones intentan llevar la cuestión de la Rectoría de la USAC a un asunto de meras opiniones divididas.

A un simplismo de estar a favor o en contra, como si se tratara de una preferencia de Rojos contra Cremas. Al yo sí tengo Rector, no importando si vos no. Y a ese mismo terreno actores políticos han querido llevar la disputa por el poder entre el Pacto de Corruptos y las iniciativas de cambio.

Para estos políticos de antaño no hay ni buenos ni malos, solo actores con intereses. Nos dicen entre líneas: “Todos somos lo mismo”.

Esta postura ignora las implicaciones éticas de todos los actos. Coordenadas que traslucen el segundo fraude en la elección de rector de la USAC detrás de un montón de procesos viciados.

¿Se lo habrán planteado las personas apostadas en la avenida Petapa? Me parece ineludible. Pero algo les pudo más que dichos dilemas.

Escondidos sus rostros con lentes de sol y gorras sí han logrado demostración alguna es la siguiente: que la capacidad de subordinación de Mazariegos se hace efectiva en un grupo de los trabajadores, personas cuyo trabajo está atado a un personaje que no eligieron.

Sin quererlo, estas personas con cornetas de estadio también son un síntoma último de otras decisiones. La estructura de Mazariegos no se sostiene, precisamente, desde el Consejo Superior Universitario que contempla su pleno seguimiento en funciones a partir del 1 de julio, sino desde la Corte de Constitucionalidad.

Los magistrados Molina Barreto, Ochoa y Rivera han rechazado los amparos interpuestos por estudiantes y trabajadores de la USAC (que valga decir la mayoría están en contra de la usurpación de la rectoría y aquellos sindicalizados en el STUSC han denunciado el fraude).

Sobre la resolución de estos amparos, una nube de incertidumbre envolvió a la Corte antes de que se pronunciase. Un juzgado ordinario había otorgado un amparo que suspendía la elección de rector. Algunos sectores aún esperaban que la magistrada Rivera tuviera un repentino golpe de conciencia.

Si bien no cuestionó que la sed de esperanza del pueblo es genuina, era improbable que una magistrada elegida por el Consejo Universitario de Mazariegos tomara decisiones en contra del mismo. Y esa lógica se impuso.

A todo esto, ¿dónde están nuestras autoridades elegidas? El presidente Bernardo Arévalo ha dicho que Mazariegos no cuenta con el finiquito y que arrastra con más de 17 denuncias en el Ministerio Público.

“Desde el punto de vista que nosotros conocemos no va a poder tomar posesión”, dijo el mandatario el 23 de junio a la prensa. Todo esto se antoja no sólo tímido, sino a destiempo de parte del presidente. Podrá servir para salir del paso, pero le traerá más problemas después. Por ahora el CSU no reclamará un finiquito y un nuevo choque de trenes legal está por ocurrir.

_{Foto: USAC.}

El firmante de la introducción del libro de la casa editorial Piedrasanta es el escritor Javier Payeras, quien considera al antigüeño “una de las columnas” de la literatura nacional en el extranjero. Tras la presentación en la Embajada de México en Guatemala de esta reedición, Payeras comentó a este medio lo que representa este suceso.

— Suena mucho el nombre de Luis Cardoza y Aragón, pero muchas personas no saben mucho más. ¿Cuál es justamente el aporte de esta obra puntual?

— Pues para la literatura guatemalteca. Mira, hay tres columnas internacionales de literatura guatemalteca. Una es Asturias, la segunda es Luis Cardoza y la tercera sería Augusto Monterroso, como los referentes más conocidos fuera de Guatemala, el cuarto sería el pintor Carlos Mérida.

El asunto es que Monterroso pues hizo una carrera internacional muy destacada. No se sabe que es guatemalteco, solo porque cuando lees la contratapa se sabe. Asturias, sí, se reivindicó mucho, pero en el caso de Cardoza, él buscó más la línea de una especie de ensayo acerca de arte, acerca de historia y luego un texto de escritura automática, poético, experimental, rarísimo.

Fue muy respetado en México, pero nunca ocupó, digamos, un espacio dentro de la oficialidad del arte.

— ¿Qué implicaba entonces la oficialidad?

— En ese entonces tenías que ser del círculo de Octavio Paz. Y eso te garantizaba que estabas dentro del PRI, dentro de Televisa, dentro de los espacios de poder. Cardoza siempre mantuvo su autonomía y si hay algo caro en la vida es la libertad. Y la libertad te condiciona a ser un marginal, un solitario, te peleas con los grupos, ¿por qué? Porque buscas las fisuras dentro de los problemas estructurales de un medio cultural.

Entonces, creo que Cardoza es un hombre que no solamente es el poeta más importante de este país, sino además es el hombre que demostró que se puede mantener una postura autónoma e íntegra ante el arte. No tuvo, digamos, premios, recibió el Águila Azteca, que es el premio más alto que se entrega a un extranjero (en México), pero nunca buscó eso tampoco.

Ni buscó las grandes editoriales ni los grandes escenarios, él buscó construir una gran obra, toda publicada fuera.

— ¿Qué editoriales han publicado su obra?

— Sus publicaciones salieron en México, en el Fondo de Cultura Económica, la mayor parte en Siglo XXI, Era. Luego algunas en Cuba con la Casa de las Américas. Tiene varias acá en Guatemala, la Tipografía le publicó los tomos de su obra poética y ahorita pues Piedrasanta es un hit porque la cobertura que tiene a nivel educativo es bárbara.

— Claro, ¿qué significa que esta obra se esté reeditando en este momento?

— En este momento, buena pregunta. En primer lugar, creo que es un momento que necesita esperanza. Siento que es un momento donde el guatemalteco está viviendo muy de bajas, ¿sabés? Donde hay desmotivaciones profundas por la realidad, el desencanto, lo que tú quieras. Y aquí quiero ser muy cardoziano para decírtelo. Entonces, necesita encontrarse en algún punto del camino y revisar su pasado. Y su pasado antes de la revolución incluso, o sea, el pasado. Porque yo siento que el pasado lo tenemos allá enfrente. Lo tenemos más adelante.

— Y personalmente para ti, ¿qué significa ser para ti ser parte de este prólogo?

— Para mí esto es un logro. O sea, perseguí este libro, publicarlo en Guatemala no sabés cuánto. Hay muchos, hice un ensayo y tengo una antología extensa, un reader, no una antología, sino un reader, que sería como un compilado de libros de Cardoza que quisiera que Piedrasanta sacara, pero esto es el primer paso para sacarlo porque hay que salvarlo. Hay que hacerlo. Monterroso tiene su agente literario, Asturias tiene su agente literario, un Nobel encima, Cardoza no. O sea, hay que hacerlo.

La intención es que Guatemala no agote el plazo legal de seis meses para publicar el reglamento una vez entre en vigor la ley el 17 de septiembre, si no antes, apuntó el funcionario durante el foro “El nuevo Decreto 15-2026 Ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo”, organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana.

_{Foto: Juan Carlos Bardales explicó las implicaciones de la ley.}

En medio de peticiones públicas de Estados Unidos, Guatemala aprobó esta ley para cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización intergubernamental que trabaja en el combate al lavado de dinero.

Si un país reprueba estas revisiones es colocado dentro de la la “lista gris”, mención de riesgo que puede derivar en bloqueos de créditos financieros.

Sin embargo, para Bardales, con la actualización legal aprobada el 2 de junio por el Congreso, Guatemala logra salvaguardarse de caer en la temida lista tras la próxima evaluación en febrero del 2027.

“No me queda duda de que ahora con la actualización del marco regulatorio que tenemos en donde se introducen estas nuevas adecuaciones que son del estándar, pues la calificación que vayamos a obtener como parte de esa evaluación vaya a ser muy buena para Guatemala”, dijo

Asociados de Amcham

La ley amplía la lista de sujetos obligados a realizar la debida diligencia para descartar lavado y financiamiento del terrorismo. Entre otros, incluye a joyeros, empresas de bienes raíces, plataformas de intercambio de divisas, notarios que constituyan empresas y contadores públicos.

Para los Asociados de Amcham esto implica aplicar procedimientos con sus clientes y también someterse a ellos a la hora de ser clientes de otra empresa.

Un oficial de cumplimiento es la persona designada por la empresa para implementar los controles de lavado de dinero y quien tiene la relación directa con el IVE.

“Amcham tiene alrededor de 500 empresas socias y la mayoría son multinacionales que probablemente ya cuentan con oficiales de cumplimiento. Sin embargo, esta es una nueva ley, un nuevo marco más moderno y nosotros como cámaras siempre hacemos capacitaciones para que nuestros socios estén actualizados”, dijo Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de Amcham Guatemala.

Si bien, la ley contempla multas y sanciones penales por comisión de delitos. Bardales ha dicho en sus participaciones que la intención es encausar a aquellos que están saltándose un paso, y no tanto sí castigarlos.

Las multas irán de entre 500 a 300,000 dólares. Por lo que la IVE trabaja en una clasificación de incumplimientos entre leves, moderados y graves.

“Les puedo decir que la mayor cantidad de incumplimiento que hemos observado, que vamos a ir categorizando, se están definiendo como leves”, dijo Bardales.

La designación de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo titular del Ministerio Público para el período 2026-2030 por parte del presidente Bernardo Arévalo es el cierre de una etapa de alta politización de la justicia en Guatemala.

De los seis nominados en la lista para fiscal, cinco no eran opción para el presidente por controversias en el pasado. De esta cuenta cabe preguntarse si realmente el presidente Arévalo fue quien eligió: al solo tener uno de seis candidatos como aceptable.

Foto: Gobierno de Guatemala.

Si bien aún hace falta ver que la normalidad se imponga y García Luna tome posesión el 17 de mayo, la promesa mínima del gobierno de Arévalo de garantizar un gobierno de transición se salvaguarda con la salida de su declarada adversaria Consuelo Porras del frente del Ministerio Público. Pero vale decir: el camino de esta transición es largo y aún promesa.

Arévalo no tuvo el poder real suficiente para destituir a Consuelo Porras, pese a que la ley lo facultaba. Una potestad que ahora genera incertidumbre sobre si el recién seleccionado fiscal general sobrevivirá en el gobierno siguiente (2028-2032).

El pulso entre Arévalo y Porras ha dejado inmóvil las intenciones de descriminalizar a los exiliados y a los perseguidos políticos. En este sentido ha habido retrocesos, al grado de que la presidencia de Arévalo fue incapaz de impedir la captura de personas de su gabinete, como es de todos conocidos.

El nuevo fiscal García Luna parece ser el punto medio donde tanto Arévalo como las personas ligadas al denominado Pacto de Corruptos han encontrado cierta aceptación sobre el futuro del MP.

Y Arévalo ha terminado por tomar la única carta que le quedaba, sobre García Luna recaen las esperanzas de que la justicia se ejerza en Guatemala. ¿Pero se puede ser justo quedando bien con todos?

Ahora García Luna tiene una tarea titánica por hacer. Encuentra una institución anquilosada, donde cientos de expedientes de abiertos deberán de ser revisados nuevamente, varios cargos removidos, se avecina una fila de destituciones. Hay un clamor popular para que las funciones del MP sean técnicas, no políticas.

El futuro titular apunta a mantener un perfil bajo, contrario al protagonismo de las últimas gestiones. En sus entrevistas públicas García Luna habló de la necesidad de que la institución actúe de manera autónoma y sin presiones políticas, al tiempo de que debe de modernizarse.

Sabe que los procesos son opacos actualmente y criticó el uso excesivo de reservas de actuaciones, en los que parte de la información del caso no es compartida a las partes

Se anhela un país donde llegar a titular de un Ministerio Público no sea en automático un trampolín para aspiraciones presidenciales.

En Guatemala la liturgia judicial aún ocupa las primeras planas del acontecer político; una mezcla de impunidad- represión que en los 8 años de Porras ha terminado por perdonar a quienes verdaderamente arrastran delitos y castigar con cárcel a los opositores y críticos de los que ostentan el poder judicial.

Veremos si el nuevo Fiscal consolida este re-encause necesario del país o si las fuerzas del Poder Judicial alteran estos esfuerzos apenas iniciales.