Empresas y el Gobierno torpedearon consulta contra la minería de Asunción Mita, apunta informe
El 18 de septiembre del 2022, 8 mil 503 residentes del municipio de Jutiapa votaron en contra de la actividad minera de Cerro Blanco.
La consulta pública sobre la minería en Asunción Mita en el 2022 fue torpedeada por mineras y el Estado. Así concluye un nuevo informe realizado por Alianza Centroamericana Frente a la Minería en el que se detallan maniobras para entorpecer la consulta y su incidencia.
El 18 de septiembre del 2022, 8 mil 503 residentes del municipio de Jutiapa votaron en contra de la extracción minera de Cerro Blanco en defensa de los recursos hídricos de una zona conocida por la cuenca Ostúa-Güija-Lempa. Se trata del 87% de los votantes.
Pese a los resultados en las urnas, la máxima corte del país ratificó en septiembre del 2023 que la consulta no fue vinculante para detener la minería en el municipio.
Esta decisión de la Corte de Constitucionalidad no quita que las consultas aún sean un instrumento que aglutina a la organización social local y que además se amparan en el derecho de las consultas municipales.
“Para la gente de Asunción Mita la consulta era la única vía para frenar a la minería”, apunta en un evento organizado por MadreSelva el investigador estadounidense Nathan Edenhofer, autor del estudio “Consulta de Vecinos de Asunción Mita: Autonomía local ante la amenaza de la minería metálica en Guatemala”.
El trabajo encontró que durante y después de la consulta de Asunción Mita hubo compra de voluntades, estrategias de difamación, sabotajes e intimidaciones que buscaron vaciar de impacto el resultado de la consulta.
“Había un gran esfuerzo por parte de la clase empresarial, del estado central y también de la empresa minera para socavar esta expresión de democracia local y autonomía local. Y eso pasó a través de algunos mecanismos, había mucha colusión entre el gobierno y la empresa, había muchos ataques contra la consulta, por ejemplo, intimidaciones, criminalización, difamación y un proceso de recursos legales contra la consulta”, detalló Edenhofer.
Para el especialista hay una estrategia del Estado de Guatemala para limitar el poder de los municipios de vetar los proyectos, una votación basada en el Código Municipal que se considera vinculante a nivel local.
A las estrategias ilegales se suman acciones que por la vía legal emprendidas por las empresas y el Estado.
La empresa Elevar Resources presentó un amparo de inconstitucionalidad el 31 de agosto del 2022 que tuvo oídos en la Corte, pues el 22 de septiembre derivó en una suspensión de la Corte de Constitucionalidad a favor de la empresa y un año después en la declaración de inconstitucionalidad de la consulta.
El proyecto Cerro Blanco se ha convertido en Era Dorada de la empresa Aura Minerals. Cuenta con una licencia ambiental suspendida para cielo abierto, pero una licencia subterranea activa de parte del Ministerio de Energía y Minas.
“Es importante que la empresa respete esta consulta. Aunque la corte diga que no es vinculante hay cuestiones como por ejemplo que la decisión de la corte solo era retroactiva hasta el 26 de septiembre y la consulta se realizó el 18 de septiembre (del 2022)”, dijo .
El investigador apuntó que el hallazgo más grande del estudio es que las empresas y el Estado han intentado despojar a la consulta de su contenido democrático que expresa las voces de las personas locales, en un intento por apartar a la resistencia dentro del municipio.
El estudio se puede consultar en el siguiente enlace.