Opinión | García Luna y la promesa de una transición en Guatemala
La designación del fiscal general abre un nuevo capítulo del pulso entre el presidente Bernardo Arévalo y el denominado Pacto de Corruptos.
La designación de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo titular del Ministerio Público para el período 2026-2030 por parte del presidente Bernardo Arévalo es el cierre de una etapa de alta politización de la justicia en Guatemala.
De los seis nominados en la lista para fiscal, cinco no eran opción para el presidente por controversias en el pasado. De esta cuenta cabe preguntarse si realmente el presidente Arévalo fue quien eligió: al solo tener uno de seis candidatos como aceptable.
Foto: Gobierno de Guatemala.
Si bien aún hace falta ver que la normalidad se imponga y García Luna tome posesión el 17 de mayo, la promesa mínima del gobierno de Arévalo de garantizar un gobierno de transición se salvaguarda con la salida de su declarada adversaria Consuelo Porras del frente del Ministerio Público. Pero vale decir: el camino de esta transición es largo y aún promesa.
Arévalo no tuvo el poder real suficiente para destituir a Consuelo Porras, pese a que la ley lo facultaba. Una potestad que ahora genera incertidumbre sobre si el recién seleccionado fiscal general sobrevivirá en el gobierno siguiente (2028-2032).
El pulso entre Arévalo y Porras ha dejado inmóvil las intenciones de descriminalizar a los exiliados y a los perseguidos políticos. En este sentido ha habido retrocesos, al grado de que la presidencia de Arévalo fue incapaz de impedir la captura de personas de su gabinete, como es de todos conocidos.
El nuevo fiscal García Luna parece ser el punto medio donde tanto Arévalo como las personas ligadas al denominado Pacto de Corruptos han encontrado cierta aceptación sobre el futuro del MP.
Y Arévalo ha terminado por tomar la única carta que le quedaba, sobre García Luna recaen las esperanzas de que la justicia se ejerza en Guatemala. ¿Pero se puede ser justo quedando bien con todos?
Ahora García Luna tiene una tarea titánica por hacer. Encuentra una institución anquilosada, donde cientos de expedientes de abiertos deberán de ser revisados nuevamente, varios cargos removidos, se avecina una fila de destituciones. Hay un clamor popular para que las funciones del MP sean técnicas, no políticas.
El futuro titular apunta a mantener un perfil bajo, contrario al protagonismo de las últimas gestiones. En sus entrevistas públicas García Luna habló de la necesidad de que la institución actúe de manera autónoma y sin presiones políticas, al tiempo de que debe de modernizarse.
Sabe que los procesos son opacos actualmente y criticó el uso excesivo de reservas de actuaciones, en los que parte de la información del caso no es compartida a las partes
Se anhela un país donde llegar a titular de un Ministerio Público no sea en automático un trampolín para aspiraciones presidenciales.
En Guatemala la liturgia judicial aún ocupa las primeras planas del acontecer político; una mezcla de impunidad- represión que en los 8 años de Porras ha terminado por perdonar a quienes verdaderamente arrastran delitos y castigar con cárcel a los opositores y críticos de los que ostentan el poder judicial.
Veremos si el nuevo Fiscal consolida este re-encause necesario del país o si las fuerzas del Poder Judicial alteran estos esfuerzos apenas iniciales.