Reglamento de la Ley Antilavado lleva un 80% de avance
La IVE pretende que el reglamento llegue a manos del presidente Bernardo Arévalo en menos de los seis meses que brinda el plazo legal.
La Superintendencia de Bancos (SIB) no esperará hasta el 17 de septiembre, cuando cobre vigencia la ley antilavado, para trabajar en un reglamento que detalle su aplicación. El borrador de este trabajo cuenta ya con un avance del 80%, aseguró Juan Carlos Bardales, supervisor del Área de Asesoría Jurídica de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la SIB.
La intención es que Guatemala no agote el plazo legal de seis meses para publicar el reglamento una vez entre en vigor la ley el 17 de septiembre, si no antes, apuntó el funcionario durante el foro “El nuevo Decreto 15-2026 Ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo”, organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana.
Foto: Juan Carlos Bardales explicó las implicaciones de la ley.
En medio de peticiones públicas de Estados Unidos, Guatemala aprobó esta ley para cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización intergubernamental que trabaja en el combate al lavado de dinero.
Si un país reprueba estas revisiones es colocado dentro de la la “lista gris”, mención de riesgo que puede derivar en bloqueos de créditos financieros.
Sin embargo, para Bardales, con la actualización legal aprobada el 2 de junio por el Congreso, Guatemala logra salvaguardarse de caer en la temida lista tras la próxima evaluación en febrero del 2027.
“No me queda duda de que ahora con la actualización del marco regulatorio que tenemos en donde se introducen estas nuevas adecuaciones que son del estándar, pues la calificación que vayamos a obtener como parte de esa evaluación vaya a ser muy buena para Guatemala”, dijo
Asociados de Amcham
La ley amplía la lista de sujetos obligados a realizar la debida diligencia para descartar lavado y financiamiento del terrorismo. Entre otros, incluye a joyeros, empresas de bienes raíces, plataformas de intercambio de divisas, notarios que constituyan empresas y contadores públicos.
Para los Asociados de Amcham esto implica aplicar procedimientos con sus clientes y también someterse a ellos a la hora de ser clientes de otra empresa.
Un oficial de cumplimiento es la persona designada por la empresa para implementar los controles de lavado de dinero y quien tiene la relación directa con el IVE.
“Amcham tiene alrededor de 500 empresas socias y la mayoría son multinacionales que probablemente ya cuentan con oficiales de cumplimiento. Sin embargo, esta es una nueva ley, un nuevo marco más moderno y nosotros como cámaras siempre hacemos capacitaciones para que nuestros socios estén actualizados”, dijo Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de Amcham Guatemala.
Si bien, la ley contempla multas y sanciones penales por comisión de delitos. Bardales ha dicho en sus participaciones que la intención es encausar a aquellos que están saltándose un paso, y no tanto sí castigarlos.
Las multas irán de entre 500 a 300,000 dólares. Por lo que la IVE trabaja en una clasificación de incumplimientos entre leves, moderados y graves.
“Les puedo decir que la mayor cantidad de incumplimiento que hemos observado, que vamos a ir categorizando, se están definiendo como leves”, dijo Bardales.